Primer Informe del Grupo Consultor de la Sociedad Civil Cubana

Reformas, Represión, Disidencia

Primer Informe del Grupo Consultor de la Sociedad Civil Cubana
El reto de la sociedad civil y la oposición pacífica no es ahora negar
la existencia misma de las reformas, sino aprovecharse de ellas de forma
creativa
21/10/2013 9:59 am

En una apretada síntesis los temas que describen la situación de Cuba a
finales de 2013 pudieran resumirse en dos palabras: reforma y represión.
Las reformas se han dirigido mayormente hacia la dirección adecuada,
pero de forma superficial y a una velocidad excesivamente lenta. Además
de intentar cumplir el objetivo de paliar la situación económica
producida por años de voluntarismo y menosprecio a las más elementales
leyes económicas, las reformas tratan de formalizarle a los
emprendedores el mínimo espacio que ya venían conquistando desde la
ilegalidad, quizás para que no se sientan incentivados a abandonar el
país ni a pasar a la oposición.
La represión se ha caracterizado por el aumento de las detenciones
breves y arbitrarias y por el mantenimiento sistemático de los actos de
repudio en los que una parte de la población es conducida, mediante
presiones y estímulos a agredir e insultar a otros ciudadanos que de
forma pacífica expresan su disconformidad con la política gubernamental.
Esto, sin dudas, constituye una incitación a cometer actos calificables
como delitos de odio. Uno de los objetivos de la represión es aislar a
los opositores y aterrorizar a los disconformes que aún no se han
atrevido a traspasar la difusa frontera entre lealtad y oposición.
Una reforma para demorar el cambio e ilusionar a emprendedores
Es harto conocida de todos la lista de aspectos que sustantivan las
reformas implantadas por el general Raúl Castro desde que formalmente
asumió el mando del país a comienzos de 2008:
El libre acceso a la telefonía celular, el permiso para hospedarse en
hoteles, la compra-venta de autos y casas, la ampliación de la lista de
trabajos autorizados a cuentapropistas, la extensión de entregas de
tierra en usufructo, la abolición del Permiso de Salida y del concepto
de Salida Definitiva, la apertura de la red Nauta para conexión a
Internet, las llamadas cooperativas no agropecuarias, la permisibilidad
de contratar mano de obra, la tácita aceptación del profesionalismo en
el deporte y otras medidas de mayor o menor calado, pudieran levantar
una corriente de optimismo para creer que los cambios podrían anticipar
finalmente El Cambio.
El límite que lastra esta plataforma cambista es que no llega a lo
esencial. Al no aceptar de manera explícita la propiedad privada sobre
los medios de producción, ni tampoco la actividad de comerciante en su
sentido más amplio, impide la aparición de pequeñas y medianas empresas
que generarían la aparición de una clase media nacional. Falta un
compromiso político que deje claro que la prosperidad no será
criminalizada. La decisión de que no se permitirá la concentración de la
propiedad, planteada con toda claridad en los lineamientos del 6to
Congreso del PCC, deja un marco muy estrecho y se convierte en una
auténtica camisa de fuerza para el desarrollo de la nación fuera de los
agotados caminos del socialismo.
La economía del país sigue siendo un feudo de las decisiones estatales,
especialmente el comercio exterior, la industria y la banca. Las deudas
entre las empresas, las plantillas infladas, la improductividad, la
falta de diversidad, la ausencia de iniciativa resultan aún signos
distintivos de lo que burocráticamente se denomina como "sector estatal".
Por otra parte, la dualidad monetaria, la insuficiencia del salario como
medio de subsistencia, los impuestos excesivos, los precios inaccesibles
de productos de primera necesidad y la corrupción generalizada crean una
atmósfera de desconfianza e inseguridad que aleja a posibles
inversionistas foráneos.
Hasta tanto no se disponga de una base jurídica sólida que consagre el
derecho a la propiedad y ofrezca garantías a los emprendedores
nacionales, las reformas se verán con recelo y suspicacia, como meros
instrumentos para ganar tiempo y mantener en el poder a la élite
gobernante. No obstante dichas reformas han tenido consecuencias reales
sobre las opciones de vida de la población. El hecho de que cerca de 400
mil cubanos dedicados al trabajo por cuenta propia ya no dependan del
Estado abre perspectivas sociológicas que eran impensables hace apenas
una década.
En esta dinámica de reforma y represión el cuentapropista es mirado
desde los sectores más radicales del oficialismo como un mal necesario;
alguien muy alejado de la utópica aspiración del "hombre nuevo"; una
mala hierba que se había intentado extirpar desde la Ofensiva
Revolucionaria de 1968 y que ahora resurge como una nueva clase para
subrayar las inevitables desigualdades sociales. Paradójicamente, desde
los sectores más radicales de la oposición el cuentapropista suele ser
calificado como un "cómplice de la dictadura" que ni protesta ni
colabora con ninguna acción contestataria con tal de mantener a flote su
negocio. En realidad, con sus luces y sus sombras, el cuentapropista es
el signo más dinámico de este momento. Su existencia y crecimiento
desmiente todo el discurso político de medio siglo.
A mediados de 2013 y como parte de estas reformas, el Gobierno cubano
anunció la apertura de 118 puntos de acceso a Internet a lo largo de
todo el país. Bajo el nombre de Nauta, el nuevo servicio incluye correo
electrónico y navegación a precios que oscilan entre 1,50 CUC y 4,50 CUC
la hora de conexión. La medida, insuficiente pero bienvenida, permitió
que más de 100.000 cubanos en apenas dos meses se convirtieran en
usuarios de este servicio. Sin embargo, tal flexibilización no llenó las
expectativas en relación con el cable de fibra óptica entre Cuba y
Venezuela. La mayoría de los consultados al respecto, esperaba que se
hubiera permitido el acceso a Internet —sin considerandos ideológicos y
en moneda nacional— desde las casas.
Aún así se puede hablar de un aumento de nuevas alternativas de
conectividad fomentadas por el desarrollo de la tecnología más que por
la permisividad del Gobierno. La aparición de redes inalámbricas de
intercambio de ficheros; la consagración de la memoria USB como
mecanismo de traspaso de información; los llamados "combos" o "paquetes"
de audiovisuales que circulan en mercado cuentapropista o ilegal y las
perseguidas antenas parabólicas para captar la señal televisiva de
países cercanos, entre otros, son algunos de los caminos paralelos
usados por la población cubana para acceder a noticias, documentales,
libros digitales e información sacada de sitios webs.
La prensa oficial ha abierto algunos espacios de crítica y debate en el
último lustro. Entre ellos las páginas de cartas a la redacción del
periódico Granma. La aparición también de secciones de análisis de
cuestiones de interés nacional en los noticiarios televisivos, apuntan a
una intención de acercarse a la realidad pero sin aludir ni a la falta
de legitimidad de los gobernantes ni a la inviabilidad del sistema. En
consecuencia, sigue existiendo un estricto monopolio partidista sobre
los medios de difusión masiva. No ha habido avances legales en cuanto a
permitir la existencia de una prensa no asociada al Partido Comunista.
Sin embargo, en el último lustro ha aumentado considerablemente el
número de páginas de Internet, boletines, publicaciones periódicas y
blogs hechos desde el sector crítico y sin permiso oficial.
La represión como control de ciudadanos sin derechos
La principal asignatura pendiente de las llamadas reformas raulistas
está en el campo de los derechos políticos y sociales. La libertad de
expresión y de asociación son las más quebrantadas, pero también
persiste la afectación a la libertad de culto y, a pesar de modestos
avances, se mantienen signos de discriminación racial, de género y
debido a preferencias sexuales.
Las integrantes de las Damas de Blanco, los miembros de la Unión
Patriótica de Cuba, los activistas de la Demanda Ciudadana Por Otra Cuba
que exigen al Gobierno la ratificación de los pactos de derechos y
numerosos periodistas o bibliotecarios independientes han sido víctimas
del acoso policial. No han faltado las agresiones verbales, las
amenazas, los golpes y vejaciones de todo tipo. Según datos documentados
por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional,
desde enero de este año hasta la fecha en que se presenta este informe,
las detenciones arbitrarias rondaban la cifra de 4.000, dato que habrá
que sumar a los 12.800 casos reportados desde 2010, año en que comenzó
la excarcelación de los presos políticos de la "Primavera Negra".
La vida espiritual del pueblo cubano, rica en matices y tradiciones, se
vio bruscamente lastimada por décadas de la imposición oficial del
ateísmo. Solo a partir de 1991 se dieron señales de alguna tolerancia
pero todavía se mantiene la existencia de un rígido control ejercido
desde la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del PCC. Esta
entidad, a pesar de estar legitimada como una instancia partidista,
cumple funciones gubernamentales por encima de jerarquías religiosas o
de asociaciones fraternales, regulando permisos para la reparación de
templos, importación de bienes, autorización de cuentas bancarias y
otras gestiones administrativas, cuyo principal propósito es el de poner
condiciones políticas al desarrollo de las vida espiritual.
El tema de la discriminación racial en Cuba no puede reducirse a la
simple comparación con los tiempos anteriores a la revolución. A
contrapelo de acuerdos partidistas y resoluciones ministeriales, la
población penal cubana sigue siendo mayoritariamente negra y lo mismo
puede decirse de las personas con menos ingresos. Son además los que
tienen menor presencia en los entornos académicos, científicos,
diplomáticos y políticos. En los medios de difusión, en la publicidad
comercial (escasa, pero existente) la presencia del abanico racial no se
corresponde, ni se acerca, al mestizaje que nos identifica.
En lo referente a la discriminación por motivo de género o de
preferencia sexual, cabe apuntar que los roles de la masculinidad siguen
siendo los preponderantes, con un discurso en el que la virilidad se
expresa como virtud. Hay una sola organización femenina autorizada que
funciona con el clásico esquema de ser polea de transmisión para imponer
a las mujeres lo que resulta conveniente para el Estado según las
circunstancias, ya sea la incorporación al trabajo o la lactancia
materna. Sólo en los últimos años, de forma tímida y tardía, se ha
venido promoviendo la aceptación de la diversidad de preferencias
sexuales, pero no se admite que estas propuestas partan del interior de
la comunidad LGBT, sino que son las instituciones oficiales las que
dictan lo que se debe hacer y hasta donde se debe llegar.
El ideologizado sistema nacional de educación convierte la más inocente
clase de lectura en la enseñanza primaria en un adoctrinamiento político
que los padres no pueden impedir. El lema de que "la universidad es para
los revolucionarios" no es el simple slogan de una organización
estudiantil, sino una política oficial. Todavía hoy ocurren casos de
estudiantes universitarios que son separados de sus carreras sin
apelación posible por motivos políticos y muchos más los que se ven
obligados a llevar una máscara de simulación para poder terminar sus
estudios.
Respuestas ciudadanas a la reforma y a la represión
En todo este tiempo ni la sociedad civil alternativa ni los grupos de la
oposición política han logrado articular una respuesta efectiva ante la
insuficiencia de las reformas ni frente a los desmanes de la represión.
El partido-gobierno que rige los destinos del país, o que al menos
intenta conducirlos, tiene una plataforma basada no ya en una ideología,
sino más bien en un estribillo, que repite sin cesar: Orden, Disciplina,
Exigencia. En medio de un panorama de deterioro y pérdida de principios
éticos y morales, la tardía lucha por rescatar estos valores forma hoy
parte indisoluble de las consignas gubernamentales. Esta batalla es
fruto de un secuestro hecho al discurso de la oposición, lo mismo puede
decirse de la reforma migratoria, y de la mayor parte de las medidas
tomadas por el Gobierno, aplicadas, eso sí, de forma mediatizada sin la
profundidad propuesta en su momento por los opositores.
El reto de la sociedad civil y la oposición pacífica no es ahora negar
la existencia misma de las reformas, sino aprovecharse de ellas de forma
creativa. No se trata de aplaudirlas acríticamente sino de señalar sus
insuficiencias y desenmascarar sus trampas, que son muchas. Frente a la
represión solo queda la resistencia ciudadana y pacífica; la denuncia
oportuna y verídica de cada hecho y la solidaridad de quienes tienen la
posibilidad de que su mensaje sea escuchado por otros.
Existe una gran diversidad entre los proyectos que acomete la sociedad
civil cubana y se aprecia una tendencia leve, pero creciente a encontrar
puntos comunes, aunque en principio solo sean mínimos consensuados.
Entre ellos se destacan la exigencia por el respeto a todos los aspectos
enumerados en la Carta de Derechos Humanos, la vocación por la
democracia, el respeto irrestricto a la pluralidad de tendencias y la
renuncia a la violencia. Este primer informe, que no pretende abarcarlo
todo, es un modesto intento de comprender los problemas desde una óptica
compartida, es una invitación al debate y a la búsqueda de soluciones.

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