Consecuencias de un reportaje

SALUD PÚBLICA

Consecuencias de un reportaje
PABLO PASCUAL MÉNDEZ PIÑA | La Habana | 24 Sep 2013 - 9:30 am.

La policía técnica y el Ministerio de Salud Pública destituyen a una
directora del Sistema de Emergencias Médicas por contar actos de
corrupción a DDC. El Consejo de Estado y la prensa estatal desoyeron sus
denuncias. Días antes, Raúl Castro había declarado: 'Basta ya del miedo
a buscarse problemas en el cumplimiento de nuestros deberes'.

Oficiales de la policía técnica (DTI) y funcionarios del Ministerio de
Salud Pública (MINSAP) expulsaron de su centro de trabajo y sometieron a
interrogatorios a Idalmis González Castillo, exdirectora del Sistema
Integral de Emergencias Médicas (SIUM) en el municipio Plaza, por
denunciar actos de corrupción e indolencias ante el Consejo de Estado,
instancias superiores del Partido Comunista y DIARIO DE CUBA.

Lo sorprendente, o no, es que las reprimendas ocurrieron días después
que Raúl Castro reconociera ante el pueblo y la asamblea de diputados la
preocupante crisis de valores humanos e indisciplinas sociales
generalizadas en el país. "Basta ya del miedo a buscarse problemas en el
cumplimiento de nuestros deberes", aseveró el general/presidente el
pasado 7 de julio, al tiempo que urgía "a asumir una mentalidad de
orden, disciplina y exigencia".

Lo absurdo o no absurdo de esta historia ―valga la ambigüedad― es que
los oficiales del DTI y los funcionarios del MINSAP que interrogaron a
la denunciante, portaban un impreso del reportaje publicado el pasado 27
de julio en DIARIO DE CUBA, bajo el titulo de Gravedad en el sistema de
urgencias médicas, realizado por el colega Augusto César San Martín, y
solo se limitaron a investigar los vínculos del SIUM con el periodismo
independiente.

Denuncias de robos ―por parte de empleados con largos historiales
delictivos que incluyen hasta la tortura y el homicidio en primer
grado―, las deplorables condiciones técnicas de las ambulancias, el
desvío de más de 75.000 dólares donados por una ONG británica,
instrumental médico carente de baterías o averiado, más la muerte por
negligencia de una joven embarazada que padecía un severo ataque de
asma, no representaron para los investigadores la prioridad de las
pesquisas.

Ni virtuosos del absurdo como Franz Kafka o Leslie Nielsen serían
capaces de concebir una trama que supere la irracionalidad de un régimen
cuyo engendro de burócratas y represores consiguió que en tan solo dos
meses el presidente Raúl Castro se haya revelado como "un hazme reír"
para el 85% de los consultados para este trabajo.

El sinsentido

Cuando la respuesta del Consejo de Estado a las denuncias de González
fue enviada a la dirección del SIUM, automáticamente fue destituida del
cargo y le rebajaron el sueldo en un 25%.

Buscando ayuda, González consultó a un funcionario del Instituto de
Radio y Televisión (ICRT), cuya identidad exigió mantener en el
anonimato. Este le respondió que "la denuncia era muy explosiva y la
prensa esquivaría el caso". También le recomendó despachar la
impugnación a programas sobre consultas jurídicas.

Para evitar trabazones burocráticas, González decidió exponer el
problema a la prensa independiente. El periodista Augusto César San
Martín resolvió investigar el sumario enviado al Consejo de Estado, al
Comité Central del Partido Comunista y al MINSAP, verificando que las
irregularidades denunciadas por González eran ciertas y que su postura
era apoyada por seis de sus compañeros.

Tras la publicación en DIARIO DE CUBA de Gravedad en el sistema de
urgencias médicas, González fue expulsada del trabajo e interrogada por
oficiales del DTI, quienes ordenaron cancelar su cuenta en la red
informática InfoMed. También se produjo la misteriosa desaparición de su
expediente laboral en la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad
Social, extravío que le impide conseguir empleo.

A la cadena de agresiones contra González, se añade que Julio César
Acosta, un chofer de ambulancia exconvicto por homicidio y acusado de no
socorrer a Orelis Coipel, la joven de 27 años embarazada fallecida a
causa de un ataque de asma, tuvo la desfachatez de amenazar a González y
a los testigos en su contra, sin siquiera ser requerido por las autoridades.

Lo paradójico o no del caso, es que a partir de la publicación en DIARIO
DE CUBA y no del informe enviado al Consejo de Estado, comenzaron a
reestructurarse los cargos de dirección y las plazas ocupadas por
empleados con antecedentes delictivos en el SIUM.

También fueron purgados los trabajadores que se solidarizaron o
sirvieron de fuentes al reportaje de DIARIO DE CUBA. Solo quedó en la
lista Pedro García Hernández, quien aseveró: "Ya estoy en remojo".

Otras denuncias sobre el SIUM

Cruz León, de 52 años y residente en el Vedado, narra que solicitó los
servicios del SIUM cuando su abuela, Francisca Herrera, una parapléjica
de 96 años, se agravó por una neumonía.

Los socorristas introdujeron a su abuela en el carro, y al verificar sus
signos vitales le advirtieron que "si fallecía en la ambulancia
devolverían el cadáver a la casa", alegando cumplir instrucciones.

Cita León que durante 45 minutos la ambulancia estuvo estacionada en la
calle Línea entre 12 y 14 esperando a que su agonizante abuela
falleciera, algo criminal y contradictorio, ya que su traslado al
hospital Manuel Fajardo solo tarda cinco minutos conduciendo a la
velocidad establecida y deteniéndose en los semáforos en rojos, reglas
que no cumplen las ambulancias. "Cuando los familiares nos inquietamos
por la angustia de mi abuela —declara Cruz León— se vieron obligados a
arrancar".

Puntualiza que antes de partir, una paramédico les reiteró "que si la
abuela fallecía durante el traslado tenían que devolverla al domicilio".
Tiempo después, León averiguó con personal competente lo referente a
"dicha instrucción", y le respondieron "que si un paciente fallece en la
ambulancia hay que trasladarlo al hospital y certificar la hora de
muerte, lo que está prohibido es trasladar pacientes que fallecieron en
sus viviendas".

"La paramédico se expresó con chabacanería y su lenguaje exacerbó mi
desconfianza", argumentó León. Sin embargo, considera que la mayor
responsabilidad corre a costa de los medios informativos que deben
instruir a la población sobre los derechos de los demandantes y las
obligaciones del SIUM.

Víctor Carvajal, jubilado de 74 años y residente en el municipio Centro
Habana, atestigua que tiene referencias fidedignas sobre la crápula que
trabaja en el SIUM. Asegura que las ambulancias son utilizadas para
trasladar carne procedente del hurto y sacrificio de ganado mayor. Lo
chocante es que la policía le abre paso. "Esto es mafia, ¿a quién se le
ocurre registrar una ambulancia?".

Pelota en campo contrario

Idalmis González, una enfermera de 38 años, no se identifica como
opositora al régimen, sino como una ciudadana cubana, dotada de derechos
y deberes constitucionales que fueron violados por el propio Estado
socialista.

Ya envió sus reclamaciones a la prensa oficial, que atiende a la
población en el diario Granma, en Canal Habana y emisoras radiales.
Considera que es hora de definir si los periodistas identificados con la
revolución seguirán contemplando el crimen en silencio.

Asegura que "no se retractará ni arrepentirá de su proceder". Denunciar
la podredumbre y los desmanes cometidos en el SIUM, desde el puesto que
desempeñó, le reporta plena tranquilidad a su conciencia. Si sufre un
calvario, "por no tener miedo a buscarse problemas en el cumplimiento de
su deber", es consecuencia de vivir en una sociedad absurda.

Tales hechos, aunque parezcan aislados, suman más convencidos. El 90% de
los consultados para este trabajo sacó sus propias conclusiones: "El
socialismo va en contra de la naturaleza humana".

Source: "Consecuencias de un reportaje | Diario de Cuba" -
http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1380007856_5213.html